Las isapres, o el gran casino de la salud

Que el gobierno le dé carta blanca a las isapres después de la nueva alza, es parte de este juego entre el gran capital y la clase política. Es una pieza más, un nuevo ajuste al ubicuo modelo neoliberal.

Escribe Paul Walder

A pocos días de la escandalosa alza en los planes de la salud privada, la mayor en ocho años, la Superintendencia de Salud, la autoridad, el gobierno finalmente, las premia postergando por dos años un reglamento que obligaba a las isapres a bajar el precio de los planes de los afiliados. La norma, que debía haberse hecho efectiva durante el 2019  fue aplazada tras la presión de estas instituciones sobre la autoridad del ramo.

La medida podría favorecer a los recién nacidos y mujeres en edad fértil porque las isapres aplican un factor de riesgo según el sexo y la edad de los afiliados al sistema. En el caso de las mujeres el costo de su plan baja solo después de cumplidos los 40 años y en el caso de las guaguas cuando cumplen los dos años de vida.

El gobierno a través de una circular justificó la postergación de la norma “con el objeto de que las instituciones reguladas puedan preparar y anticipar los efectos de esta instrucción, ajustando sus políticas comerciales o proyecciones de negocio”

Durante aquellos mismos días la  Superintendencia publicó el reajuste que cinco de las mayores isapres aplicará a partir de estos meses a sus planes. Un alza inédita, que supera varias veces la inflación y otras alzar de bienes y servicios. De mayor a menor, las Isapres abiertas que aplicarán reajustes reales anuales  en el próximo período 2019-2020 son Cruz Blanca, con un alza promedio de 7,7%; Colmena, con 6,3%; Consalud, con 5,9%; y Banmédica, con 4,9%. De las Isapres cerradas, sólo Fusat reajustará sus precios, con un alza promedio de 5,9%.

La autoridad de Salud, desde el Ministerio, la misma Superintendencia a Sebastián Piñera son un atado de contradicciones y retórica. Estaría bien que justificaran hoy sus palabras de condena por el alza ante los nuevos beneficios y regalos a una de las áreas que basa su rentabilidad en la salud de las personas. Aun cuando las isapres atienden a un escaso 20 por ciento de la población, su vinculación con otras áreas de la salud, tanto privada como pública, las ha convertido en beneficiarias de grandes subsidios del Estado. Las grandes utilidades de estas instituciones, muchas de ellas de capitales internacionales, provienen de las políticas y los aportes del Estado al sistema público.

Las isapres funcionan como un negocio cualquiera que ha de asegurar altas rentabilidades a sus inversionistas. Ya sea la industria extractivista, la agroindustria, las telecomunicaciones, el sector financiero la educación o la salud. Los discursos y las estrategias de gestión pueden variar, pero los objetivos son los mismos: altas utilidades a toda costa.

Las alzas recientes se inscriben en esta lógica. Es la expresión de una proyección de negocios, como asume la Superintendencia. Un plan que sin duda adelanta escenarios y presiona a través de una pesada maquinaria de lobby a todas las autoridades capaces de decidir, desde los citados a parlamentarios.

Los reajustes, si bien tienen una lógica y sentido empresarial y comercial, no tienen base social y menos moral. Al observar las últimas cifras, al cierre del 2017 el conjunto de las isapres registraron ganancias por más de 70 mil millones de pesos, con un aumento de nada menos que un 40 por ciento respecto al año anterior.

Las isapres, como aseguradoras, son solo la base financiera y administrativa de un negocio mucho mayor. Tal como en otros sectores de la economía, en la salud privada podemos hallar también las características propias de los mercados desregulados. Vemos concentración, integración vertical y una propiedad vinculada con otras áreas de la economía, entre las que destaca el sector financiero. Desde finales del 2014 se ha podido descubrir una nueva faceta de este negocio: su alta capacidad de ejercer lobby y realizar favores políticos a parlamentarios, lo cual explica la consolidación de un sistema de salud caro y rechazado por la población.  Empresas Penta, corruptora de políticos, es también dueña de uno de los mayores holdings médicos del país.

Empresas Banmédica es dueña de dos isapres, Banmédica y Vida Tres, con aproximadamente un cuarto del mercado y utilidades que el año pasado superaron los 45 mil millones de pesos. El consorcio posee las clínicas Santa María, Dávila, HELP, Clínica Vespucio, Bío Bío, Ciudad del Mar, los centros médicos Vida Integra y Home Medical Clinic.

Bupa Chile es parte del holding español Bupa-Sanitas y controla en Chile desde el 2014 la isapre Cruz Blanca, otros negocios en el ámbito de los seguros y, por cierto, en la salud, lo que confirma la integración vertical en este rubro. Tiene poco más del 20 por ciento de los cotizantes y posee la red de centros médicos Integramédica, Sonorad y Pilar Gazmuri. En el área hospitalaria posee la Clínica Reñaca, Antofagasta, San José en Arica, el sistema domiciliario Clinical Service y la Clínica Bupa en La Florida, de más de cien mil metros cuadrados y unas 400 camas.

El caso de la isapre Colmena, aun cuando tiene matices, mantiene no sólo el modelo de integración vertical a través de la Clínica UC de San Carlos de Apoquindo y otros diversos centros en regiones, sino que a través de su propietario, el grupo Bethia. Este extenso  consorcio está presente en negocios tan diversos y antagónicos como viñas (Indómita, Santa Alicia y Dos Andes), transporte aéreo (LATAM), hípica (Club Hípico), medios de comunicación (Mega), agua potable (Aguas Andina) o el retail (Falabella), entre otros. Bethia es también un importante inversionista en la Clínica Las Condes, con el once por ciento del capital.

Junto a estos negocios, Colmena está relacionada con centros de prestaciones médicas, tales como  Dial Médica; Dial Médica Hospitalización Domiciliaria; Centro de Salud Mental Golden Cross y Golden Cross Hospitalización Domiciliaria. Además, según un informe de la Fiscalía Nacional Económica publicado en la prensa corporativa, el conglomerado tiene participaciones minoritarias en varias clínicas a lo largo del país, tales como Clínica Magallanes de Punta Arenas; Clínicas Elqui de la Serena; Integral de Rancagua; Hospital Clínica del Sur de Concepción; y Clínica Puerto Montt, entre otras.

El modelo actual de negocio, elítico, discriminador, de altos costos para el usuario y subsidiado por el Estado se ha mantenido bajo estrategias similares a otros sectores. Ya hemos mencionado la importante presencia de Penta en Banmédica, pero es también muy habitual hallar a expertos en lobby, políticos de fuste derivados al sector privado y dirigentes gremiales entre sus filas. Sin ir muy lejos, Sebastián Piñera formó parte del directorio de la Clínica Las Condes hasta el 2010, cuya propiedad, si bien está todavía diluida, pertenece en un porcentaje no menor a Bethia e Inversiones Santa Filomena, ambas del grupo económico Solari. Actualmente el presidente del directorio de la clínica es Fernando Cañas Berkowitz, que viene del Banco de Chile y es también presidente de Transbank y de la Bolsa Electrónica.

Que el gobierno le dé carta blanca a las isapres después de la nueva alza, es parte de este juego entre el gran capital y la clase política. Es una pieza más, un nuevo ajuste al ubicuo modelo neoliberal.

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