El mercado le da duro a los enfermos

La imagen en redes sociales de un modesto poblador recibiendo atención de paramédicos tendido en el piso de la unidad de emergencia del hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, por falta de una cama  o alguna camilla, ha provocado indignación en todos quienes tuvieron la oportunidad de observarla.

Escribe en Politika Hugo Alcayaga Brisso

El hecho ocurrió a mediados de abril, fue registrado por el celular de otro paciente que se hallaba en el lugar y se asocia con episodios similares que vienen sucediéndose en los establecimientos asistenciales fiscales. En este país el mercado inescrupuloso tiene instalados dos tipos de salud, una para pobres y otra para ricos: ser pobre y estar enfermo es una desgracia por dos.

Mientras 105 mil hombres y mujeres sin recursos murieron en los últimos cinco años encontrándose en listas de espera de los hospitales públicos, las Isapres ganan dinero a manos llenas y no por ello dejan de anunciar reiterados reajustes en el valor de sus planes. A la vez, se sabe de descarados abusos de los laboratorios, y a diario impactan los inalcanzables precios de los medicamentos necesarios para aquellos que padecen enfermedades crónicas severas.

Es la cruda realidad en materia de salud, colocada por el modelo neoliberal como otro negocio redondo para los dueños del dinero. Al alero del modelo vigente el mercado que trastoca los valores y agudiza las desigualdades ha despojado a la salud de su rango de derecho universal y la ha transformado en una mercancía como cualquier otra que los grandes empresarios venden a una minoría según determinado tarifado que supera las posibilidades de los pobres y menos pobres.

Las listas de la muerte no conmueven a los que debieran. El Estado, empujado al mercantilismo por los gobiernos antipopulares de turno, se desentiende de otorgar este derecho, gratuito y de calidad,  que merecería una preocupación prioritaria. No se trata de otra opción de lucro para que el empresariado la incorpore a su nutrida carpeta de inversiones.

Los controladores de este derecho son siempre los mismos o están ligados a la propiedad de las clínicas privadas que proliferan en favor de los sectores de ingresos altos, y donde más que avances médicos se busca posicionarse en los mercados financieros. Son cercanos a los dueños de laboratorios y cadenas de farmacias que abusan inmisericordes de la población, a la que estafan a través de la colusión de precios.

El negocio de la salud privada prospera al amparo del modelo y bajo una protección gubernamental incondicional. Este negocio  se da maña para ser subsidiado por el aparato estatal que le inyecta recursos que merecerían otro destino. Las utilidades de las Isapres y las clínicas son impresionantes.

Los números azules no están en los libros de Fonasa y los hospitales públicos. La deuda hospitalaria llega a los 800 mil millones de pesos, cifra gigantesca sobre la cual la autoridad política no muestra mayor interés en cancelar. Nadie puede imaginar hasta dónde llegará esta deuda en el próximo invierno, cuando aumenten las enfermedades respiratorias.

Capítulos médicos sostienen que el endeudamiento desmesurado, principalmente con los proveedores, repercute en el servicio  que reciben los pacientes y en las condiciones laborales de los funcionarios. Estos suelen dar al publico una atención eficiente, la que se ve opacada por la escasa implementación y precarios medios de que disponen.

Desde el mundo popular se apuesta por una reforma estructural centrada en fortalecer el sistema público, con financiamiento en función de los resultados sanitarios y una lógica de solidaridad y de avance hacia la desmercantilización del sector. Ello implica la eliminación de las Isapres y la creación de instancias que aseguren una cobertura universal para satisfacer adecuadamente la atención de la población.

La imagen en redes sociales de un modesto poblador recibiendo atención de paramédicos tendido en el piso de la unidad de emergencia del hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, por falta de una cama  o alguna camilla, ha provocado indignación en todos quienes tuvieron la oportunidad de observarla.

El hecho ocurrió a mediados de abril, fue registrado por el celular de otro paciente que se hallaba en el lugar y se asocia con episodios similares que vienen sucediéndose en los establecimientos asistenciales fiscales. En este país el mercado inescrupuloso tiene instalados dos tipos de salud, una para pobres y otra para ricos: ser pobre y estar enfermo es una desgracia por dos.

La imagen en redes sociales de un modesto poblador recibiendo atención de paramédicos tendido en el piso de la unidad de emergencia del hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, por falta de una cama  o alguna camilla, ha provocado indignación en todos quienes tuvieron la oportunidad de observarla.

El hecho ocurrió a mediados de abril, fue registrado por el celular de otro paciente que se hallaba en el lugar y se asocia con episodios similares que vienen sucediéndose en los establecimientos asistenciales fiscales. En este país el mercado inescrupuloso tiene instalados dos tipos de salud, una para pobres y otra para ricos: ser pobre y estar enfermo es una desgracia por dos.

Mientras 105 mil hombres y mujeres sin recursos murieron en los últimos cinco años encontrándose en listas de espera de los hospitales públicos, las Isapres ganan dinero a manos llenas y no por ello dejan de anunciar reiterados reajustes en el valor de sus planes. A la vez, se sabe de descarados abusos de los laboratorios, y a diario impactan los inalcanzables precios de los medicamentos necesarios para aquellos que padecen enfermedades crónicas severas.

Es la cruda realidad en materia de salud, colocada por el modelo neoliberal como otro negocio redondo para los dueños del dinero. Al alero del modelo vigente el mercado que trastoca los valores y agudiza las desigualdades ha despojado a la salud de su rango de derecho universal y la ha transformado en una mercancía como cualquier otra que los grandes empresarios venden a una minoría según determinado tarifado que supera las posibilidades de los pobres y menos pobres.

Las listas de la muerte no conmueven a los que debieran. El Estado, empujado al mercantilismo por los gobiernos antipopulares de turno, se desentiende de otorgar este derecho, gratuito y de calidad,  que merecería una preocupación prioritaria. No se trata de otra opción de lucro para que el empresariado la incorpore a su nutrida carpeta de inversiones.

Los controladores de este derecho son siempre los mismos o están ligados a la propiedad de las clínicas privadas que proliferan en favor de los sectores de ingresos altos, y donde más que avances médicos se busca posicionarse en los mercados financieros. Son cercanos a los dueños de laboratorios y cadenas de farmacias que abusan inmisericordes de la población, a la que estafan a través de la colusión de precios.

El negocio de la salud privada prospera al amparo del modelo y bajo una protección gubernamental incondicional. Este negocio  se da maña para ser subsidiado por el aparato estatal que le inyecta recursos que merecerían otro destino. Las utilidades de las Isapres y las clínicas son impresionantes.

Los números azules no están en los libros de Fonasa y los hospitales públicos. La deuda hospitalaria llega a los 800 mil millones de pesos, cifra gigantesca sobre la cual la autoridad política no muestra mayor interés en cancelar. Nadie puede imaginar hasta dónde llegará esta deuda en el próximo invierno, cuando aumenten las enfermedades respiratorias.

Capítulos médicos sostienen que el endeudamiento desmesurado, principalmente con los proveedores, repercute en el servicio  que reciben los pacientes y en las condiciones laborales de los funcionarios. Estos suelen dar al publico una atención eficiente, la que se ve opacada por la escasa implementación y precarios medios de que disponen.

Desde el mundo popular se apuesta por una reforma estructural centrada en fortalecer el sistema público, con financiamiento en función de los resultados sanitarios y una lógica de solidaridad y de avance hacia la desmercantilización del sector. Ello implica la eliminación de las Isapres y la creación de instancias que aseguren una cobertura universal para satisfacer adecuadamente la atención de la población.

Mientras 105 mil hombres y mujeres sin recursos murieron en los últimos cinco años encontrándose en listas de espera de los hospitales públicos, las Isapres ganan dinero a manos llenas y no por ello dejan de anunciar reiterados reajustes en el valor de sus planes. A la vez, se sabe de descarados abusos de los laboratorios, y a diario impactan los inalcanzables precios de los medicamentos necesarios para aquellos que padecen enfermedades crónicas severas.

Es la cruda realidad en materia de salud, colocada por el modelo neoliberal como otro negocio redondo para los dueños del dinero. Al alero del modelo vigente el mercado que trastoca los valores y agudiza las desigualdades ha despojado a la salud de su rango de derecho universal y la ha transformado en una mercancía como cualquier otra que los grandes empresarios venden a una minoría según determinado tarifado que supera las posibilidades de los pobres y menos pobres.

Las listas de la muerte no conmueven a los que debieran. El Estado, empujado al mercantilismo por los gobiernos antipopulares de turno, se desentiende de otorgar este derecho, gratuito y de calidad,  que merecería una preocupación prioritaria. No se trata de otra opción de lucro para que el empresariado la incorpore a su nutrida carpeta de inversiones.

Los controladores de este derecho son siempre los mismos o están ligados a la propiedad de las clínicas privadas que proliferan en favor de los sectores de ingresos altos, y donde más que avances médicos se busca posicionarse en los mercados financieros. Son cercanos a los dueños de laboratorios y cadenas de farmacias que abusan inmisericordes de la población, a la que estafan a través de la colusión de precios.

El negocio de la salud privada prospera al amparo del modelo y bajo una protección gubernamental incondicional. Este negocio  se da maña para ser subsidiado por el aparato estatal que le inyecta recursos que merecerían otro destino. Las utilidades de las Isapres y las clínicas son impresionantes.

Los números azules no están en los libros de Fonasa y los hospitales públicos. La deuda hospitalaria llega a los 800 mil millones de pesos, cifra gigantesca sobre la cual la autoridad política no muestra mayor interés en cancelar. Nadie puede imaginar hasta dónde llegará esta deuda en el próximo invierno, cuando aumenten las enfermedades respiratorias.

Capítulos médicos sostienen que el endeudamiento desmesurado, principalmente con los proveedores, repercute en el servicio  que reciben los pacientes y en las condiciones laborales de los funcionarios. Estos suelen dar al publico una atención eficiente, la que se ve opacada por la escasa implementación y precarios medios de que disponen.

Desde el mundo popular se apuesta por una reforma estructural centrada en fortalecer el sistema público, con financiamiento en función de los resultados sanitarios y una lógica de solidaridad y de avance hacia la desmercantilización del sector. Ello implica la eliminación de las Isapres y la creación de instancias que aseguren una cobertura universal para satisfacer adecuadamente la atención de la población.

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